La disputa territorial por los
159.542 km2 que componen la
zona del Esequibo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana está más vigente que nunca. El presidente de Guyana David
Granger, se ha encargado de sumar un nuevo capítulo a este enfrentamiento
político que ha alcanzado un nivel crítico desde hace un año, en 2015. Pero, ¿Qué
Estado ha sido el más consecuente en el manejo de su política exterior en este
tema?; ¿Cómo percibe la comunidad internacional esta pugna territorial?
Durante
su intervención en el marco del septuagésimo primer periodo de sesiones de debate en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el presidente Granger ha reivindicado frente a
todo el foro la intención de su nación de que le sea reconocida soberanía plena
al Estado guyanés sobre el territorio del Esequibo aseverando que: “Las reivindicaciones de Venezuela son una amenaza a
nuestra existencia como nación independiente. Son una vuelta escandalosa de la
enfermedad de los conquistadores que una vez plagó su propia historia” y que en
vista de esta agresión “Guyana, un país pequeño, debe buscar en Naciones Unidas
protección frente a las amenazas a su seguridad”. Sin
duda el conflicto es un tema de primer orden para Guyana y es por eso que a
pesar de aceptar con recelo la intervención del Secretario General de las
Naciones Unidas en la figura de buen oficiante el año pasado, no se ha quedado
de brazos cruzados y ha seguido denunciando lo que para ellos es una actitud
hostil y colonialista de Venezuela.
No obstante, el gobierno venezolano a través de la Canciller,
Delcy Rodríguez no ha mencionado ni una sola vez en todo su discurso ante el
mismo organismo de la Naciones Unidas su postura frente a la disputa
territorial. La Cancillería manifestó haber tocado el tema con el Secretario
General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon en una reunión, sin embargo, esto no
puede ser demostrado por la Cancillería venezolana que en repetidas ocasiones
ha actuado de forma ambigua, sin contundencia y sin un ejercicio enérgico de
los mecanismos diplomáticos necesarios para salvaguardar la reclamación
venezolana sobre el territorio Esequibo, según lo consagrado en la Constitución
Nacional y, el vigente Acuerdo de Ginebra.
A tenor de lo expuesto anteriormente se le suma el silencio
del presidente Nicolás Maduro con respecto a este tema durante la XVII Cumbre
de Países No Alineados en la Isla de Margarita.
Venezuela, de forma tímida ha solicitado que se reactivare el
mecanismo internacional del buen oficiante de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo
de Ginebra de 1966 en una misiva dirigida a Ban Ki-Moon en el momento de mayor
tensión entre las dos naciones. Aun así,
la situación sigue siendo compleja y las partes a pesar de llegar a ese acuerdo
temporal parecen cada vez más alejadas de llegar a un acuerdo definitivo, al
menos de manera bilateral sin la intervención de un tercero.
En
este contexto, es muy importante desde el punto de vista de la presión
internacional, el plan que ha estado ejecutando Guyana presentándose como la
nación con menos condiciones, asediada por la potencia –en este caso Venezuela-
que tiene ambiciones ‘’terrófagas’’ respondiendo al guión desarrollado por más de
medio siglo desde que el país vecino declarare su independencia,
secundado por regímenes como el cubano históricamente opuesto a la reclamación venezolana del Esequibo, que hoy ejerce presión e influencia
directa sobre el manejo de la política exterior venezolana, en virtud de la
abierta alianza existente entre Cuba y Venezuela durante la última década.
No hay
duda que Guyana pareciera estar logrando su cometido en el ejercicio de presión
internacional, además, de forma sistemática ha otorgado concesiones mineras y
petroleras a distintas transnacionales que si bien es cierto, no constituyen un
ejercicio que asegure la reclamación guyanesa en virtud de lo establecido por
el Acuerdo de Ginebra, la inacción del gobierno venezolano pareciera manifestar
su beneplácito y actuación apátrida que actúa en detrimento de la integridad
territorial venezolana y los esequibanos.
Durante
los últimos meses la pretensión de Guyana ha recibido el respaldo total del
CARICOM y de terceros Estados que por estos argumentos y por razones políticas
estratégicas han brindado su apoyo a la causa guyanesa; es menester señalar que
las naciones angloparlantes de la región comparten un devenir histórico y políticas de desarrollo
común que son contrarias a los intereses venezolanos. Hay que decir que este no
es un detalle menor, ya que el reconocimiento de otros países es pieza
fundamental si esta controversia es elevada a la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), como ya lo ha mencionado Granger en su discurso
en las Naciones Unidas: “Guyana está lista para
que la Corte Internacional de Justicia determine el asunto”.
El gobierno venezolano durante la era chavista de forma
tímida y poco contundente manifiesta la condición nula e irrita del Laudo
Arbitral de París de 1899, pero, pareciera que el sentido y alcance del Acuerdo
de Ginebra de 1966 ha pasado a segundo plano, siendo evidente el descuido de la
obligación que tiene el Estado venezolano de procurar la integridad territorial
derivada de los documentos pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela, establecidos como principio constitucional del territorio nacional.
Aunado a ello, durante el gobierno del finado Hugo Chávez, se
pudiese considerar la existencia de una política entreguista del territorio
venezolano, poniendo como excusa el ideal de una supuesta integración de la
región. Recordemos que el fallecido mandatario dijo en su visita a
Georgetown en 2004 que: "El Gobierno venezolano no será un obstáculo para
cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea
beneficiar a los habitantes del área y el asunto del Esequibo será eliminado del
marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos
países". Esto sin duda,
deja ver que no ha habido una política regular y definida sobre el asunto,
dejando ver a la luz de la comunidad internacional que la insistencia de la
reclamación de Venezuela sobre el Esequibo puede ser asunto de capricho coyuntural, mas que el ejercicio de su legitimo derecho.
Ahora bien, sin importar las políticas generadas por los gobiernos de Chávez y Maduro sobre el asunto del Esequibo u las acciones emprendidas
por la autoridad guyanesa, con relación a lo establecido en el parágrafo
segundo del artículo V del Acuerdo de Ginebra “Ningún acto o actividad que se
lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento
para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial, en
los territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de
soberanía en dichos territorio.” Por tanto, este aparato jurídico trasciende a las políticas
de gobierno, siendo un genuino instrumento que tiene por objeto dirimir el
diferendo territorial entre dos Estados, y, cualquier actuación al margen del
Acuerdo es nula y, por tanto, la sociedad venezolana, está en el derecho y
obligación de asegurar que ninguna acción emprendida en el presente o futuro
que actúe en menoscabo de la integridad territorial venezolana o de los
esequibanos.
Es claro que Guyana a pesar de no cumplir con las
obligaciones establecidas por el Acuerdo de 1966 de no ejecutar actividades
explotación dentro del territorio ha convertido en política de Estado el
reconocimiento del Esequibo como parte de su territorio, lo que lo tiene en una
mejor posición frente a la comunidad internacional, al contrario de las
acciones que ha desarrollado el gobierno venezolanos desde hace muchos años,
que tienen su punto cúspide con las infames declaraciones de Chávez en 2004; a
esto se le puede también añadir el silencio del gobierno venezolano actual ante
las duras declaraciones del presidente Granger en la septuagésima primera
Asamblea General de Naciones Unidas; que no han sido desmentida o si se quiere
contrastadas con algún comunicado o una declaración que ofrezca la perspectiva
del Estado Venezolano sobre la disputa.
A pesar de todo esto, incluso de que sea Guyana quien impulse
el mecanismo de resolución del conflicto a través del órgano jurisdiccional,
recurrir a la Corte Internacional de Justicia es la vía más idónea y definitiva
de terminar la controversia. Y es que con las pruebas documentales (mapas,
levantamientos), las experticias y sobretodo la memoria histórica correctamente
presentada no hay duda que el territorio Esequibo debe ser de soberanía plena
de la República Bolivariana de Venezuela; pero la pregunta de rigor es: ¿Estará
el gobierno venezolano dispuesto a hacer lo necesario para defender la
integridad territorial de nuestro país?, ¿Pasará alguna vez a ser prioridad
para el gobierno?
autores:
Abog. Diego Rimer. @diegorimer
Abog. Rubén Dario Sulbarán @rube7
